Izquierda Unida presenta una propuesta para la municipalización de los servicios de acuerdo a los siguientes términos:
"Que, desde los servicios técnicos y económicos municipales, se realice un análisis pormenorizado del estado de prestación de los servicios públicos privatizados. Dicho análisis debería, al menos, recoger el estado de los servicios prestados, grado de cumplimiento de las condiciones contractuales y las mejoras ofertadas; posible sobredimensionamiento de los servicios, posibles incumplimientos y sus consecuencias, inversiones realizadas y cuantificación económica, etc.
En caso de que se detecten irregularidades en los contratos, se estudien los costes y consecuencias del “rescate” de la concesión, la viabilidad de su remunicipalización y los beneficios.
Que se realicen los estudios y trabajos técnicos necesarios para asumir la gestión directa de los servicios privatizados en cuanto concluyan los contratos y/o concesiones en vigor. "
En el caso de la propuesta conjunta con el grupo Se Puede exponen lo siguiente:
"En junio del 2013 se iniciaba el que puede llegar a ser el acuerdo bilateral más importante suscrito hasta la fecha, la apertura de negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio y de inversión entre la UE y los EEUU, posteriormente conocido como el TTIP. El objetivo declarado era incrementar el comercio entre ambos bloques para acrecentar la riqueza y multiplicar los puestos de trabajo.
Pero lo que realmente estaba sucediendo es que bajo el eufemismo, los lobbis que asesoran a los negociadores son expertos en ellos, de obstáculos no tarifarios que el tratado pretende suavizar cuando no eliminar, se estaba haciendo referencia a multitud de normas, estándares y protecciones, legales, laborales y medioambientales que, para la defensa de los consumidores y trabajadores, se han ido dictando en la UE.
La aprobación del referido TTIP produciría sin duda una notable caída de la calidad de vida de todos los españoles, deterioraría el medioambiente y nuestras condiciones laborales, pondría los servicios públicos básicos en manos de las ETN, dificultando enormemente la remunicipalización de la ya externalizadas y supondría una merma de la soberanía nacional.
Por lo que proponemos declarar a Villaviciosa de Odón municipio opuesto al TTIP, solicitar del Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las negociaciones del TTIP y el TISA y la no ratificación del CETA, y dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al de la Comunidad Autónoma de Madrid y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Parlamento Europeo, para que se registre y quede constancia del mismo."